En 2009 se introducía una nueva tarifa eléctrica denominada Bono social, enfocado a las personas con menores rentas. El problema es que en su día el Gobierno determinó que quien debía pagar lo que cuesta tener unos precios por debajo de los costes del sistema eran las propias eléctricas.
En su día las eléctricas denunciaron y ganaron la sentencia en el Tribunal Supremo, pero con la nueva regulación el Gobierno ha vuelto a hacer algo parecido, aunque solucionando lo que el Tribunal consideró ilegal (básicamente ha hecho partícipe a todas las empresas del sector en lugar de a las más grandes).
Todo este lío genera muchas preguntas. La primera es si es necesario un bono social, ya que normalmente ofrecer algo a un coste inferior al real puede generar efectos perniciosos (por ejemplo reventa). Yo aquí creo que siendo un bien de primera necesidad y si se controla (por ejemplo que el consumo no sea disparatado) es una buena idea. Nadie puede vivir sin electricidad.
Por otro lado tenemos la duda de quién debe pagar esto. ¿Las eléctricas? ¿El Estado a través de los impuestos? Al final todo viene del mismo sitio, si lo pagan las eléctricas será, para ellas, un nuevo impuesto especial para financiar este bono. Pero repercute directamente en sus cuentas. ¿Son ellas las responsables de que haya familias que no puedan permitirse la electricidad? Yo creo que no, y por tanto este bono social debe estar financiado, como cualquier otra ayuda social, por los Presupuestos Generales del Estado.
Imagen | Fernando Pastor