Así es el tope a las hipotecas que propone Podemos: hipotecados afectados, tope propuesto y quién lo pagaría

Así es el tope a las hipotecas que propone Podemos: hipotecados afectados, tope propuesto y quién lo pagaría
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Unidas Podemos ha comparecido en el Congreso a través de su portavoz, Pablo Fernández, para reclamar al PSOE la necesidad urgente de limitar el incremento de las cuotas hipotecarias variables en una cuantía inferior a 300.000 euros durante un año. De este modo, se lograría frenar el aumento de los tipos de interés y del Euribor. Y es que el indicador variable ha alcanzado unas cifras récord durante el pasado mes de enero, situándose en el 3,337%, lo que supone un alza del 3,8% respecto a enero de 2022.

Pablo Fernández aboga porque el límite diferencial del Euribor sea del 0,1% en el caso de las hipotecas de tipo variable inferiores a los 300.000 euros, pudiéndose prolongar el plazo de un año en seis meses más hasta que el Euribor se posicionase por debajo del 1,5% durante tres meses consecutivos.

No es la primera vez que se plantea esta idea desde la formación morada. Ya a principios de diciembre, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo hincapié en la necesidad de congelar las hipotecas con carácter retroactivo desde la subida del Euribor. Por aquel entonces, Díaz aseguraba que era misión imposible para muchas familias españolas asumir a día de hoy el incremento que supone el Euribor en sus hipotecas, que experimentaron un incremento del 55% en las cuotas.

A esto se le suma que, además de Díaz, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también reclamó la congelación puntual de la subida de las hipotecas al ver los beneficios récords que presentaron las principales entidades financieras del país hace unos días. La gran banca española (BBVA, CaixaBank, Santander, Sabadell, Bankinter y Unicaja) obtuvo un beneficio conjunto récord de 20.850 millones de euros en 2022, es decir, un 28% más que en 2021.

Si bien es cierto que la subida de los tipos de interés ha marcado el escenario económico del 2022, después de que el Banco Central Europeo (BCE) los elevase hasta en tres ocasiones, siendo la última la cifra de diciembre donde subió hasta los 50 puntos básicos. Así pues, la tasa de referencia para las operaciones de refinanciación se posicionó en el 2,5% y la tasa de depósito alcanzó el 2%, mientras que la facilidad de préstamo el 2,75%.

¿Quién sale beneficiado de todo eso?

La pregunta genera grandes controversias, pues desde Unidas Podemos se garantiza que ningún contrato hipotecario afectado por el tope produce pérdidas para el banco, sino que reduce los beneficios al mínimo durante el período que ellos proponen. Sin embargo, desde Unidas Podemos consideran que su obligación es "revertir la situación, restaurar la justicia social y reparar los estragos que dicha dinámica extractiva provoca sobre el consumo y, por lo tanto, sobre el crecimiento económico", afirma Fernández.

Frente a esto, la Banca ahora se presenta como la gran damnificada al tener que abonar más de 1.100 millones de euros a raíz del nuevo impuesto que aprobó el Gobierno para el sector. Por un lado, la formación morada considera que el código de buenas prácticas sobre préstamos hipotecarios impulsado por el Ejecutivo y el sector bancario es insuficiente, ya que su alcance va a ser limitado, y por otro se propone seguir asfixiando indirectamente a otros sectores.

Y es que los expertos bursátiles llevan años asegurando que quienes apuesten por una hipoteca variable estarán sometidos a una mayor presión y carga, asumiendo unos riesgos innecesarios en unos tiempos de carestía y de fluctuación de los impuestos y de la inflación. De este modo, lo que se propone por parte de Unidas Podemos es ayudar y beneficiar a quienes asumieron un riesgo consciente, no a todos los que pagan sus hipotecas. Así pues, quienes decidieron cubrirse las espaldas y abonar una cuota hipotecaria a tipo fijo no merecerán tener el respaldo y la protección de la formación morada.

También hay que matizar que la congelación de la hipotecas no libera del pago, sino que alarga los plazos y genera unos intereses mayores con el tiempo, lo que puede acabar convirtiéndose en una trampa peligrosa para los hipotecados más vulnerables. Por tanto, la medida por la que acabarán optando los bancos será la de dejar de conceder hipotecas a quienes no presentasen garantías suficientes de pago e invertirían su dinero en otros productos. Esto condenaría a que la clase trabajadora más humilde tuviese que dirigirse al mercado del alquiler, con una oferta cada vez menor e intervenido por el Estado.

Se sientan unos precedentes peligrosos

Con la propuesta defendida por Podemos y su ministra de Igualdad, Irene Montero, amparada por el texto constitucional, se está apoyando la idea de sumergirnos en un modelo de sociedad en el que frente a cualquier tipo de contratiempo financiero que sufran los ciudadanos sea el Estado el encargado de solucionarlo obligando a otros sectores, en este caso a la banca, a asumir dichas pérdidas.

En contrapartida, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha asegurado que el mercado hipotecario español es uno de los más competitivos de la UE y que ha derivado en que las hipotecas en nuestro país sean las más baratas de la Eurozona. Además, la compra de viviendas en España se está financiando al 2,9% habiendo una tasa de riesgo del 3,5%. Al final, según señala Botín, se está instigando a la sociedad a que haga lo que sucedió en México hace quince años, incurrir en la ‘cultura del impago’.

Además, cuando los tipos eran negativos (de 2016 a 2022) la banca no redujo la oferta de crédito, sino que mantuvo el mercado hipotecario abierto y permitió a muchos ciudadanos beneficiarse de ello. A eso se le suma el ‘código de buenas prácticas’ que la banca acordó para ayudar a las familias vulnerables estableciéndoles moratorias y la congelación temporal de sus hipotecas. Por tanto, en lugar de establecer enmiendas a la totalidad del mercado hipotecario lo más lógico sería dar tiempo a que esas ayudas hiciesen efecto, tal y como ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

La pregunta por tanto que debería hacerse el Ejecutivo de Sánchez es si estaría dispuesto a poner en riesgo al sector bancario español y al mercado inmobiliario por tal de satisfacer las nuevas ideas de su socio de Gobierno.

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