Aceptar el rescate financiero del Estado suponía casi una deshonra hace tan sólo unas semanas. Los acontecimientos se han sucedido y casi se ha convertido en una carrera entre las comunidades para ver cuál puede salvar antes los muebles. Cataluña, Valencia y Murcia agotarían la mitad de un fondo de rescate que, con toda probabilidad, se va a quedar corto. La clave está en cuál será el criterio a repartir si, finalmente, el Gobierno no incrementa ese fondo.
La primera en dar el paso ha sido Cataluña, que ha solicitado casi 5.100 millones de euros para afrontar los vencimientos de deuda de los próximos meses (algo que no quita para que no hayan descartado problemas para el pago de otros servicios). Hoy mismo el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha salido a escena para advertir de que sus necesidades de dinero superan los 4.500 millones de euros. Un movimiento de ficha cuyo objetivo parece más adelantarse al resto para asegurarse la cantidad máxima, tal y como reconocía el propio Fabra.
Si sumamos esas dos cantidades, junto con los 300 millones de euros de ayuda que sopesa Murcia, se supera con creces la mitad de los 18.000 millones del fondo de liquidez puesto en marcha por el Ejecutivo de Rajoy. Eso invita a pensar que, casi con toda seguridad, será una cantidad que se quedará corta ante los enormes compromisos de deuda que tienen contraídas las comunidades para los próximos meses.
Por tanto, lo que iba a ser un recurso excepcional se puede convertir en generalizado y es ahí donde radica el problema. Hasta ahora, el Ejecutivo no había dado a conocer ninguna fórmula para el reparto de esos 18.000 millones de euros, puesto que no se esperaba un aluvión de peticiones. Sin embargo, teniendo en cuenta el escenario actual se antoja más que necesario.
Hoy el presidente de la Junta, José A. Griñán, ha puesto el dedo en la llaga. Tras advertir de que la comunidad andaluza tendrá que acudir a ese rescate ante los problemas de liquidez y la falta de fondos para afrontar el pago de las deudas, ha reclamado el reparto equitativo del fondo y poniendo un condicionante: que no se beneficien quienes han pedido anticipos, como es el caso de Valencia. Pero, ¿cuál será el criterio para repartir? Esa es la clave en un fondo que podría desatar una batalla entre comunidades. No en vano, se ha convertido en poca ayuda para muchos demandantes.
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