A Rajoy le han salido autonomías protestonas que no están de acuerdo con las subidas de impuestos. Básicamente, quien protesta es Esperanza Aguirre, pero realiza una propuesta silenciosa pero efectiva, dado que la Comunidad de Madrid se plantea bajar los tramos autonómicos del IRPF. Esta bajada, ataca frontalmente a la política fiscal impuesta por el Gobierno y aunque estamos de acuerdo que las autonomías tienen potestad legislativa para ajustar sus tramos fiscales, la unidad de discurso económico se rompe por todos los lados.
Dicen nuestras normas fiscales que nuestras economías autonómicas se rigen por el principio de solidaridad; principio que establece en su desarrollo legislativo cómo comunidades con mayor recaudación, trasvasan parcialmente sus presupuestos a otras comunidades con menores racaudaciones, con el objetivo de lograr una distribución equitativa de la renta. Esta distribución se lleva a cabo mediante el gasto público que cada comunidad sufraga desde su presupuesto, dado que el Estado, ya debe realizar esta distribución. Por tanto, realizar una bajada de impuestos en una determinada comunidad justo ahora cuando los ha subido el ejecutivo para el resto de los ciudadanos, rompe los principios de solidaridad en todos los sentidos y fundamentalmente, la cuentas de la comunidad de Madrid, no son impecables.
Digo que no son impecables, porque si nos obsesionamos con el déficit, el primer escalón que tiene que superar la comunidad madrileña es su propio déficit autonómico. A cierre del 3º trimestre, el Gobierno comandado por Aguirre cerraba cuentas con un déficit del 0,47%. Por tanto, lo primero que tiene que hacer el Gobierno de Aguirre es conseguir un ejercicio en superávit y a partir de ese punto, plantearse una hipotética rebaja de impuestos respetando el principio de solidaridad antes mencionado.
El segundo problema al que nos enfrentamos y que se pone de manifiesto más que nunca, es el grado de los ciudadanos por su razón de autonomía. Si las “comunidades ricas” consiguen prestar sus servicios públicos sin problemas y además bajar impuestos, existen otras comunidades que a duras penas pueden pagar su servicios médicos o su enseñanza.
Está claro que si unas autonomías bajan impuestos y otras los suben de manera cuantiosa, el principio de solidaridad termina de saltar completamente por los aires ¿Contemplará estos supuestos la ley de control del déficit público o abandonará el Estado a su suerte a las autonomías que han estado mal gestionadas? Hagan sus apuestas.
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Imagen | Esperanza Aguirre