Cuando la economía griega lanzó su particular llamada de socorro tanto al Fondo Monetario Internacional (FMI), así como al seno de la Unión Europea, su gobierno se vio obligado a la implementación de duras medidas de ajuste fiscal para la superación de sus desequilibrios financieros, reduciendo salarios, pensiones, e incrementando el precio de muchos de los servicios públicos.
Por ello, en Grecia ha aumentado el número de free riders o usuarios gratuitos, es decir, aquellos ciudadanos que negándose a pagar por servicios públicos como el transporte urbano, autopistas o incluso los impuestos afectados a ciertas partidas de gasto social, siguen utilizando dichos servicios, iniciándose un movimiento social muy difícil de controlar y con un potencial daño financiero tremendo para las arcas del Estado, máxime cuando se han de cumplir unos compromisos financieros muy duros para la economía griega.
Los argumentos que señalan los 'rebeldes' son: la caídas del poder adquisitivo superior al 25% en muchos de los casos, que no se consideran quiénes tienen que afrontar el coste de la crisis, que se sienten víctimas de un gobierno que no ha sabido gestionar sus finanzas, etcétera.
En realidad no comparto estos argumentos, pero si cabe decir que algo de razón sí que tienen. Lo triste de esta crisis económica, es que al final es el ciudadano de a pié, el que percibe un salario o una pensión, o el que ni siquiera percibe esto, es quien sufraga los excesos y la deficiente gestión económica de la clase política.
Esta cadena de incidentes que se están sucediendo en Grecia pueden propagarse a otros países mediterráneos, que en mayor o menor medida irán aconteciendo si no se logra encontrar una pronta salida a la situación de estancamiento económico en la que se encuentran muchos de ellos, y cuando hay un número creciente de ciudadanos que se muestra en desacuerdo con pagar la factura de la crisis con sus cada vez más esquilmados bolsillos.
Vía | Cinco días En El Blog Salmón | ¿Qué son los bienes públicos? Imagen | N07