En unas declaraciones en el Pleno del Congreso, el ministro Luis De Guindos nos ha metido las cabras en el corral: si no mejora la situación económica actual en los próximos trimestres, será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales. Mucho ojo con estas declaraciones porque no es precisamente la claridad lo que suele destacar en los miembros de nuestro Gobierno, con lo que a unas declaraciones de este tipo hay que darles la importancia que tienen, que no es poca.
Para entender tal declaración de intenciones debemos dar un repaso a los gastos e ingresos del Estado en lo que va de año. Por el lado de los gastos, el déficit ya va por el 4,65 % del PIB, cuando se había fijado un techo del 4,5 % para todo el año. Este desfase se justifica porque las transferencias a las comunidades y a la Seguridad Social se han disparado hasta los 99.156 millones de euros. Además, lo que paga el Tesoro por financiarse ha duplicado hasta los 20.032 millones la partida de los intereses al emitir deuda.
Si nos fijamos en los ingresos, la recaudación por impuestos indirectos se redujo un 8,1 % debido al deterioro del consumo. Además, los ingresos por IVA cayeron un 9,2 % hasta julio. Con la subida hasta el 21 % del tipo general de este impuesto se pretende recaudar 27.000 millones más. No obstante, ¿hay plan B por si el consumo vuelve a resentirse y no se cumplen estas expectativas? Mucho me temo que no, y esto último es probable que pase.
El desfase de las cuentas públicas es notable y nada hace presagiar que la situación pueda mejorar en los próximos meses. El Estado del Bienestar solo es sostenible si existe crecimiento económico y se genera empleo. En el momento en que estas variables fallan, las prestaciones sociales pasan a correr un serio peligro.
En este país no hay un duro y dependemos casi exclusivamente del endeudamiento para crecer. La bola de deuda acumulada ya es prácticamente impagable y se hacen necesarias reformas profundas que alcancen a las raíces del sistema. Las pensiones y la prestación por desempleo corren el mismo peligro que en su momento corrieron sanidad o educación, partidas que ya han sufrido ajustes. Mientras tanto, sin noticias en lo que respecta a reducir el enorme aparato de las administraciones públicas o a atajar de una vez por todas el problema del fraude fiscal. ¿Cuanto más aguantaremos?
Vía | El Economista
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