Las Comunidades Autónomas en España tienen muchas atribuciones. Pueden ajustar las prestaciones sanitarias, regular la educación a todos los niveles, ajustar o eliminar impuestos. Pero no tienen capacidad de ajustar el Salario Mínimo Interprofesional. Eso es un error que debería arreglarse.
¿Por qué debería hacerse? Quizás habría que empezar porque las condiciones de vida en España son bastante heterogéneas. Uno puede conducir unas horas de Pamplona a Lérida y pasar de un idioma co-oficial (eusquera) a otro diferente (catalán) y haber cruzado otra región con un idioma no co-oficial pero protegido (aragonés).
Debido a esto se tiene un nivel de descentralización que como hemos comentado debe aprovecharse para que cada entidad subestatal pueda competir con las demás en ser más eficiente y tener una regulación mejor para su economía concreta. Dado el nivel de descentralización y la capacidad que tienen las autonomías de ajustar valores de su economía (subvenciones, impuestos, regulaciones, etc), que además puedan decidir el salario mínimo no parece nada descabellado. Si además pueden hacerlo niveles más pequeños (provincias), mejor todavía.
El coste de vida no es igual en toda España
El coste de vida, especialmente en lo que a vivienda y restauración se refiere, no es el mismo para toda España. Es decir, no es lo mismo alquilar una vivienda en Madrid o Barcelona que hacerlo en un pueblo de una provincia como Jaén o Soria.
Se ha hablado mucho de la “España vacía”, en la que se acaba yendo la población de muchos lugares por la falta de oportunidades. Bien, si queremos ofrecer oportunidades, será necesario que empresas e inversores vean alguna ventaja en hacerlo en las zonas despobladas, o al final las tendencias desde el cambio de siglo, harán que Madrid y en menor medida Barcelona y Málaga acaben absorbiendo la mayor parte de la población del país.
Cuando llegue la hora de invertir, ante costes similares es bastante probable que las empresas acaben optando por estar lo más cerca posible de un puerto o aeropuerto para dar una buena salida a los productos, de otras fábricas que consuman sus productos o fabriquen sus insumos (materias primas) o de una gran aglomeración donde les resulte más fácil encontrar a trabajadores con las habilidades que necesitan y que han adquirido trabajando en la competencia o fabricando productos similares. No en zonas despobladas o de baja densidad por el objetivo de ser buenas con la población.
Es decir, se puede ajustar el salario mínimo a aquellas Comunidades Autónomas o incluso mejor, provincias a niveles más adecuados al nivel de precios de las mismas. De hecho, es potencialmente beneficioso a la hora de atraer la inversión.
No es una reducción de derechos, es ajustarse a la realidad
Hay quien argumenta que se trata de reducir los derechos de aquellos que viven en Comunidades Autónomas en las que se opte por salario mínimos más bajos. Bien, lo primero de todo es que debería de ajustarse por parte de la Comunidad Autónoma. Si el gobierno o parlamento autonómico (al que han elegido los ciudadanos de dicha Comunidad Autónoma) considera que pueden apañarse con menos y no quiere subirlo, adelante. Si considera que debe ser igual o incluso más alto que el actual, adelante también.
Existen muchas prestaciones que no son iguales en todas las Comunidades Autónomas. Por ejemplo en 2004 sólo Andalucía hacía operaciones de cambio de sexo, por lo que las personas que querían someterse a esta intervención, se acababan empadronando en Andalucía para obtener esta prestación por parte de la sanidad pública andaluza.
Cosas así acaban sucediendo con la enseñanza, becas, subvenciones a u otros servicios que proporciona la administración pública. Es lo que sucede con la descentralización que las circunstancias difieren. Para tener la misma norma repetida muchas veces no es necesario tener Comunidades Autónomas.
Además, si el SMI acaba siendo demasiado alto para la empresa respecto al nivel que es capaz de vender sus productos, estamos empujando a que las empresas opten por dos opciones. Una puede ser cerrar. No es lo mismo a lo que se cobran las cañas en un bar de pueblo que a lo que se cobran en el centro de Madrid. No son los mismos gastos que puede asumir un negocio u otro dado el nivel de precio al que vende la misma copa de cerveza de barril.
La otra opción que puede acabar sucediendo es que las empresas acaben diciendo a los trabajadores que u aceptan condiciones ilegales, o no les contratan. Por ejemplo tener un contrato de seis horas y hacer ocho. Alguien puede argumentar que eso puede ser un modo de trampear la subida, pero lo cierto es que es más perjudicial para el trabajador que un SMI más bajo. Porque las cotizaciones para la pensión de jubilación y prestaciones de desempleo también se calculan según una persona haya trabajado a tiempo parcial o a tiempo completo.
No debería haber salario mínimo
¿Y no sería mejor que no hubiera salario mínimo? Existen muchas personas que están a favor de la eliminación del salario mínimo. Afirman que el problema es que se trata de una prohibición de trabajar por menos de una cantidad que acaba creando desempleo. Este argumento viene desde la época de los economistas clásicos y neoclásicos. Estos consideran que lo que se acaba es dejando a los trabajadores menos productivos fuera del mercado y consideran que es cruel dejar a una buena parte de la población sin poder trabajar.
También existen países con alto nivel de bienestar y protección al desempleo como Dinamarca, Finlandia o Austria que no tienen salario mínimo. Es decir, se puede compensar la falta de SMI con ayudas sociales.
Viendo los resultados electorales del pasado 23 de julio, tengo serias dudas de que más de cinco miembros del Congreso de los Diputados votarían a favor de la eliminación del Salario Mínimo Interprofesional (lo más cercano es algún partido que afirma que no debiera ser necesario, pero no que lo vaya a eliminar).
En España esta medida como modo de protección al trabajador es extremadamente popular. Por lo que si quisiéramos paliar los efectos de la existencia de un SMI, que sea ajustable por provincia sería mejor. De hecho, potencialmente sería más fácil que se eliminara por una CCAA que por el gobierno central, si queremos ser realistas.
Pregunta a los lectores, ¿debería ajustarse el salario mínimo por Comunidad Autónoma o por provincia? ¿Por qué?